“DEL ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO ANTE LOS RIESGOS DE DELITOS EN EL MARCO DE LA LEY 20.393, UN TRABAJO INTERDISCIPLINARIO”*
 
Para poder realizar exitosamente un análisis de procesos de negocios donde existe riesgo de comisión de delitos a la luz de la ley 20.393, se requiere la concurrencia de especialidades de diversas disciplinas. Es preciso combinar las competencias prácticas penales y legales con las competencias propias de la ingeniería de procesos, y desarrollar este análisis con una visión externa a la empresa, lo cual conlleva una serie de beneficios.
 
Los abogados con experiencia práctica en el tema penal, podrán anticipar y proyectar la ocurrencia de delitos descritos en la ley 20.393. Se trata de conocer los tipos penales, en cuanto a sus proposiciones fácticas y descripción, para aportar a la identificación de los riesgos que podrían afectar a un determinado negocio. No se trata solo de conocer la ley, se trata de saber cómo, en qué momento y en qué circunstancias se está o se puede estar ante el riesgo de comisión de un delito como los señalados.
 
De suyo ya resulta complejo el cúmulo de figuras penales que podrían presentarse y que podrían afectar a una empresa, pero no solo se queda ahí la ley, ya que el requerimiento es la implementación de un modelo de prevención. Es decir, lo anterior requiere ser cruzado o realizar una matriz de riesgo, para lo que se hace indispensable el trabajo conjunto con ingenieros de proceso.
 
Para llevar a cabo el análisis de los riesgos, es preciso levantar los procesos de negocio para identificar puntos vulnerables e incorporar los elementos de control y gestión que sean necesarios. A este efecto se requiere aplicar técnicas, herramientas y metodologías propias de la ingeniería de procesos, agregando las metodologías y enfoques propios de la gestión de riesgos para crear matrices sobre la base de estándares que permitan trabajar posteriormente el control y la mitigación.
 
De este modo se configura la necesidad de trabajar con un equipo de abogados e ingenieros, donde cada especialidad aporta lo suyo a un quehacer conjunto. Este enfoque de valor agregado que integra visiones y enfoques expertos constituye una necesidad para abordar con éxito la problemática propuesta a partir de la Ley 20.393.
 
Además de lo anterior, y a partir de la base que es muy difícil que estos expertos estén disponibles al interior de la empresa (porque no tienen un rol permanente que justifique su presencia), es que tales especialistas sean profesionales externos. Esto tiene una ventaja adicional, que es la independencia de los asesores, que podrán ejecutar su análisis sin interferir en las relaciones internas de la institución. Este criterio de independencia se funda en las siguientes consideraciones:
 
1) Estamos hablando de la comisión o posible comisión de delitos penales.
2) Se trata de identificar procesos que ya están instaurados y como tales funcionan y muchos de ellos requerirán modificaciones o adaptaciones. Esto puede ir en contra de la cultura organizacional prevaleciente
3) Se requiere tiempo, es una exigencia que está por sobre el trabajo cotidiano.
4) Se deben generar espacios y dinámicas de conversación, para enfocar la nueva política de la empresa. Cambiar el ambiente laboral y enfocarlo a la prevención de delitos.
5) Se trata de establecer controles, por lo que no se puede pedir que el mismo sujeto se controle de motuo propio.
 
En resumen, se requiere un trabajo combinado de especialistas en áreas tan diversas como el derecho penal y la ingeniería de procesos, a la vez que la intervención, para ser fructifica, debe provenir de fuera, principalmente por cuanto se trata de establecer un sistema de control y de afectar procesos que están en la cultura de la organización.
 
* Marco A. Lillo, Abogado, Socio del estudio Lillo, Monlezun & Orrego Abogados S.A., empresa asociada a Surlatina Consultores para la entrega del servicio integrado de asesoría en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
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